Como en otro planeta

La formulación con las palabras «recordar» y «exhortar» resulta absurda ante el hecho aterrorizante de que el año pasado la emisión de gases de invernadero fue más alta que nunca y que a partir de 2020 las emisiones deben disminuir en un 7% anual, para mantener el límite de 1,5 grados exigido por les más afectades por el calentamiento global. La dinámica actual hace difícil imaginar que cada país presente medidas suficientes el próximo año.

En este sentido, también debe ser vista con escepticismo la propuesta de un «Green Deal» para la Unión Europea, cuyo borrador fue presentado en Madrid en persona por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para dar dinamismo a las negociaciones. Anunciado como un gran programa de reestructuración para la economía, el «Green Deal» se aferra a la ilusión de que una protección climática efectiva puede estar asociada a un crecimiento «verde» y amenaza con reavivar el imperialismo de recursos de los países europeos.

Lo anterior demuestra el fracaso de la «puesta en escena de la cumbre» de la ONU, la cual, en vista de una crisis cada vez más evidente, intentó generar en la cumbre de Nueva York un impulso de arranque, de compromiso con la política climática, de presión moral. Las promesas de Nueva York no tuvieron efecto en Madrid; el sistema de las Naciones Unidas no tiene coherencia. La brecha entre lo necesario y lo real es más enorme que nunca. Este fracaso hace ya parte del Acuerdo de París, el cual le apuesta a que, frente a la crisis climática, los Estados, movidos por la presión moral de la comunidad global, incrementarán sus metas climáticas y, sobre todo, que las cumplirán. Entiéndase que esto implica ir en contra de los intereses del cabildeo de los combustibles fósiles, estrechamente entrelazados con las élites políticas por medio de «alianzas tóxicas», a cuyos representantes se les permitió sentarse a la mesa de negociaciones como patrocinadores. Y en contra de la lucha por ventajas nacionales en un sistema económico basado en la lógica de la competitividad y en el mercado. En contra de la lógica del lucro y el crecimiento, tan profundamente grabada en las estructuras empresariales, los sistemas monetarios y los programas gubernamentales y sociales.

En Madrid, esto se hizo evidente en uno de los temas centrales de las negociaciones: la votación de un cronograma para presentar las metas climáticas nacionales. A pesar de que las metas climáticas constituyen el corazón del Acuerdo de París, este punto fue pospuesto una y otra vez, lo cual no augura nada bueno para el cumplimiento de las metas. Los países utilizan el aplazamiento de la votación del cronograma como táctica dilatoria.

Crisis de legitimidad de la ONU

El régimen climático de la ONU se encuentra en una crisis de legitimidad profunda, y esta tiene muchas facetas. Por un lado, se trata de la crisis de legitimidad potencializada de todos los gobiernos que no tratan la crisis climática como lo que es: una emergencia planetaria que implica la necesidad de reestructurar por completo las prioridades de la acción política, económica y social. Y, por el otro, una crisis de legitimidad causada por el hecho de que millones de personas que no contribuyen nada o prácticamente nada a la crisis climática son abandonadas a su suerte a sabiendas de sus dramáticas consecuencias. Pues a pesar de que el sustento y la existencia misma de millones de personas está desde ya siendo amenazada por súper tormentas, sequías extremas y el aumento del nivel del mar, el tema de los daños y pérdidas asociados al clima se evade y minimiza desde hace años. También en Madrid. Los países del Sur global volvieron a exigir vehementemente que el sistema para lidiar con daños y pérdidas —que hasta ahora solo han sido regulados por medio de una plataforma de intercambio en el llamado Mecanismo de Varsovia— se ancle institucionalmente en el marco del Acuerdo de París y sea dotado de fondos suficientes. Las discusiones entorno a este tema hacen parte de una lucha por que se asuma la responsabilidad de la crisis: los primeros países industrializados, que son los mayores responsables de la crisis climática y que hasta hoy se lucran de ella, deberían pagar.

Entrevista con Hafijul Islam Khan, Least Developed Countries group (LDC), sobre pérdidas y daños

Sin embargo, estos mismos países rechazaron la petición de que haya un fondo independiente. El documento final habla, en cambio, del Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima), un fondo (mal abastecido) ante el cual los países pueden solicitar recursos para medidas de adaptación y protección del clima. En otras palabras, el pastel, de entrada demasiado pequeño, debe ser repartido. Es urgente desarrollar una arquitectura financiera fuerte para lidiar con los daños y las pérdidas. Es vergonzoso que los países industrializados no muestren ninguna voluntad de procurar fuentes financieras adicionales para suplir los daños y las pérdidas producto del cambio climático a pesar de las múltiples catástrofes climáticas de este año. Estamos ante una continuidad de la distribución racista del mundo y la hegemonía acumulada del Norte global en el sistema de la ONU.

Otro punto que ha socavado la legitimidad del régimen climático de las Naciones Unidas, como muestran las discusiones acerca del Artículo 6 del Acuerdo de París, es su anclaje en un sistema comercial con derechos de emisión de CO2. Numerosos estudios demuestran lo propensos que son los sistemas de mercado a tener vacíos, así como la presión a la que son sometidos los derechos humanos y los ecosistemas cuando son tratados como bienes mercantiles. La misma formulación de las reglas deja ya en claro que la lógica del lucro amenaza con perpetuarse. La pregunta acerca de si las reglas deben referirse a la protección de los derechos humanos ha sido y sigue siendo polémica. Es de entrada escandaloso que algunos países, como Arabia Saudita, intenten desterrar de las resoluciones las referencias a los derechos humanos; pero el hecho de que lo evidente pueda siquiera ponerse en duda sin que la mayoría de los países protesten a todo pulmón revela el profundo problema estructural de los mecanismos del mercado. Las experiencias del comercio con los certificados CDM del Protocolo de Kioto muestran numerosas violaciones a los derechos humanos.  

Es bueno, entonces, que no se haya tomado una decisión acerca de la implementación de reglas del mercado en Madrid. Esto se debió sobre todo a dos preguntas: si es posible transferir certificados viejos del régimen comercial de Kioto, como quieren sobre todo Estados Unidos, Australia, Brasil e India; y si debería aceptarse la doble deducción de los derechos de emisión, como quiere sobre todo Brasil. Si se implementaran estas demandas, subvertirían aún más el ya cuestionable efecto de este tipo de mecanismo de mercado para proteger el clima. El gran riesgo es que se logre introducir un mecanismo de mercado en la COP26 que se celebrará en Glasgow, Escocia. Muchos países han vinculado el crecimiento de sus metas climáticas nacionales a la existencia de un mecanismo de mercado de este tipo.

En términos generales, el tono se ha vuelto más severo en la cumbre de la ONU; los frentes se están volviendo más rígidos. No solo en las negociaciones, en las que sobre todo los gobiernos populistas de derecha rechazan con todas sus fuerzas las exigencias legítimas de otros Estados en pro de sus propios intereses, sino también en la forma de aproximarse a la sociedad civil. Es llamativo que la Secretaría de la CMNUCC no haya aprobado muchas de las campañas de las agrupaciones de ONG (grupos temáticos, conocidos como «constituencies», en los que se organizan las agrupaciones observadoras, por ejemplo, la Women & Gender Constituency). Otro caso ejemplar es la expulsión de cerca de 300 observadores y observadoras de la sociedad civil de la sede de conferencias a mediados de la segunda semana de negociaciones. En una protesta no registrada con anterioridad frente a la sala plenaria, les observadores habían expresado a viva voz su decepción por la venta de nuestro futuro y habían exigido la protección de los derechos humanos y metas más ambiciosas para combatir la crisis climática. Aunque se trata de cuestiones obvias en vista de la crisis, de inmediato fueron expulsados bruscamente por las enormes puertas de metal, para que las negociaciones pudieran continuar sin interrupciones en la sala de plenos. Por varios días no fue claro si les participantes podían perder su acreditación para entrar en la zona de negociaciones. Aunque finalmente no ocurrió, esto desconcierta a les activistas, que incluyen representantes de comunidades indígenas, defensoras de los derechos de la mujer y campesines, que necesitan que la cumbre de la ONU sea un lugar seguro para la protesta legítima.

Para los movimientos climáticos internacionales la COP25 es solo una ficha de un rompecabezas en medio de una realidad amenazante. 2019 fue un año especial porque nunca antes habían salido a la calle tantas personas en favor de la protección del clima. A nivel puramente retórico, les encargades de tomar decisiones económicas y políticas adoptaron estas solicitudes como es debido. El gobierno español llenó Madrid de grandes pancartas que decían «Do not call it climate change, call it climate emergency» (No lo llames cambio climático, llámalo emergencia climática); y en la sede de conferencias se escuchaba una y otra vez «the world is watching us» («el mundo nos está vigilando»). No obstante, sería peligroso dejarse convencer por este teatro de la cumbre, una puesta en escena en parte deliberada, cuyo principal objetivo es fabricar legitimidad en el campo de la política climática. La única reacción razonable ante la crisis es la disminución real y radical de la emisión de gases de invernadero y una amplia transferencia de recursos financieros y tecnológicos. Los movimientos ambientalistas hacen bien en no ceder ni una pizca más en su discurso.

En muchas partes se puede ver cómo el cabildeo de los combustibles fósiles y los gobiernos reticentes a los cambios se apropian de los movimientos y sus metáforas. Es preciso desenmascarar al «gas natural» como una «tecnología puente» que busca continuar la era de los combustibles fósiles por décadas. Es preciso evitar que las «soluciones naturales» sean de repente impulsadas por grandes conglomerados de pesticidas y tecnologías avanzadas. Y es preciso desenmascarar el hecho de que el concepto «transición justa» se usa para cementar puestos bien remunerados en la industria de combustibles fósiles en el Norte global, en lugar de adelantar un cambio ecológico y social que sea global y abarcador.

Pero hace falta mucho más. El domingo después de la cumbre les activistas empezaron a discutir acerca de por qué no solo es necesario que los movimientos se vuelvan más grandes y amplios, sino, sobre todo, más incómodos. La pregunta subyacente es cómo hacer que los conflictos relacionados con una política climática ambiciosa en los contextos nacionales y regionales correspondientes escalen de tal forma que den lugar a cambios reales y no sean solo simbólicos. Esto puede implicar estrategias distintas en cada país. Les activistas del Sur global advierten, con razón, que las campañas que pueden llevarse acabo en Estados democráticos con una cierta seguridad legal son distintas a las que pueden llevarse a cabo en Estados autocráticos. Ser conscientes de los propios privilegios por pertenecer al Norte global y utilizarlos efectivamente para responsabilizar al propio gobierno significa ser solidaries con los millones de personas afectadas por la crisis climática y los movimientos ambientales del Sur global.

Entrevista con Dipti Bhatnagar, de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Conseguirá el movimiento climático global presionar a los gobiernos para que se muevan? ¿Cuál es la responsabilidad especial de los movimientos del Norte global?