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«La historia ocurre dos veces: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa»
Karl Marx, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte
Autoritaritarismo neoliberal y conservador
La dictadura cívico-militar iniciada con el fatídico golpe de Estado de 1973 no solo significó una ruptura democrática liderada por las Fuerzas Armadas y la oligarquía chilena, apoyada por Estados Unidos, sino que también llegó de la mano de un programa económico neoliberal. Las bases de este programa fueron diseñadas intelectualmente por los economistas de la Escuela de Chicago, liderada por Milton Friedman, mentor de los estudiantes de posgrado en economía, quienes liderarían los ministerios clave durante los 17 años de dictadura.
Este programa neoliberal solo podía ser implementado mediante una doctrina del shock: a sangre y fuego. Se creó un marco constitucional que garantizaba la libertad de empresa y el derecho de propiedad como pilares fundamentales; se modificó el Código del Trabajo para reducir los derechos de los trabajadores y su poder negociador; se modificó el Código de Minería para privatizar la industria de minerales críticos, incluyendo el cobre; se aprobaron leyes tributarias que permitían mayor evasión de impuestos y planificación tributaria para las grandes empresas; se desreguló en casi todas las materias económicas; se saquearon las empresas públicas para ser transferidas a funcionarios de la dictadura; se privatizaron y mercantilizaron los derechos sociales como la educación, la salud y las pensiones. Todas estas medidas serían parte del Consenso de Washington.
El autoritarismo fue condición de existencia de la dictadura. Al estilo de los regímenes fascistas y nazistas, la dictadura diseñó un aparato de exterminio que dejó un saldo de más de tres mil personas ejecutadas y desaparecidas forzosamente, más de cuarenta mil personas torturadas y más de doscientas mil personas exiliadas. El Congreso estuvo clausurado asumiendo sus funciones la Junta Militar y durante los 17 años se vivió un estado de excepción constitucional como regla general. La fuerza se impuso a la legalidad.
Este programa neoliberal solo podía ser implementado mediante una doctrina del shock: a sangre y fuego.
La dimensión moral también fue muy conservadora. Por una parte, Jaime Guzmán –uno de los principales funcionarios civiles de la dictadura– consagró parte de su ideario de catolicismo integrista en la Constitución de 1980, mientras que José Toribio Merino, almirante de la Marina, impulsó la modificación del Código Sanitario para eliminar el aborto en todas sus expresiones y también se aplicó la censura contra obras – películas y libros – que pudiesen atentar contra la moral cristiana. Todo ello fue acompañado de una retórica muy religiosa, a pesar de los crímenes de lesa humanidad que se cometían durante este gobierno.
La “transición democrática”: neoliberalismo progresista y democracia de baja intensidad
La transición a la democracia quedó expresada en la reforma constitucional de 1989. En palabras de Jaime Guzmán, la Constitución se transformaría en una cancha de bordes delimitados en la que, aun cuando los rivales políticos tuvieran predominancia en el juego, los resultados estaban garantizados de antemano. El proyecto neoliberal no solo quedó consagrado en la Constitución, sino que también sería adoptado por los liderazgos de la Concertación, coalición que gobernó entre 1990 a 2010 conformada por una alianza de los partidos de la socialdemocracia y la democracia cristiana. La continuidad de este proyecto se mantendría con Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), pero también con Michelle Bachelet II (2014-2018) y Gabriel Boric (2022-2026). A pesar de la retórica de estos últimos dos gobiernos, no logran poner fin a los pilares del neoliberalismo en Chile. Estas coaliciones políticas serían denominadas por el economista Fernando Leiva Letelier (2026) como “la mano izquierda del capital”.
El autoritarismo ha sido desplazado progresivamente. Las reformas constitucionales de 1989, 2005 e incluso aquellas realizadas durante la discusión del primer proceso constitucional (2021-22), fueron desmantelando los enclaves autoritarios alejándose de las instituciones heredadas de la dictadura. No obstante, en Chile solo se puede hablar de una democracia de baja intensidad que no contempla mecanismos de participación popular como presupuestos participativos, referéndums revocatorios o plebiscitos. Esto se ha agravado con la naturalización de los estados de excepción constitucional donde existe mayor presencia del pueblo mapuche (Regiones de La Araucanía y Biobío) y en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia, los cuales se han extendido durante varios años.
El conservadurismo también se ha ido dejando atrás progresivamente. Durante estas décadas se han aprobado leyes sobre divorcio, matrimonio igualitario, aborto con causales, aceptación médica del consumo de marihuana y una liberalización sobre algunos temas tabúes durante la dictadura.
La restauración del neoliberalismo ortodoxo
José Kast, candidato de la ultraderecha chilena representa el arquetipo del pinochetismo chileno. Fue rostro de la campaña en el plebiscito que definió la continuidad de Pinochet (1988), pertenece a la congregación cristiana Schoenstatt y adscribe completamente a los postulados neoliberales.
La campaña de las últimas elecciones presidenciales (2025) –a diferencia de las de 2017 y de 2021– escondió las medidas conservadoras y gran parte de las políticas neoliberales para concentrarse en una propuesta de gobierno de emergencia. Estas emergencias fueron tres: seguridad, migración y economía. Pero a menos de seis meses de gobierno podemos ver un intento claro de restauración pinochetista.
Sobre la dimensión económica, sólo señaló que reduciría el déficit fiscal en 6.000 millones de dólares en dieciocho meses, señalando al estilo de Milei, que si no lograba dicho objetivo le pidieran la renuncia. Cuando le preguntaban sobre qué políticas sociales reduciría, no contestaba. Incluso uno de sus candidatos al Senado, Rodolfo Carter, señaló que si contaban dónde realizarían dichos recortes “tendrían la calle incendiada”.
La misma semana que asumió Kast tuvo el primer problema económico: decidió que el alza en los combustibles asociada a la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán fuera traspasada directamente a las familias chilenas, eliminado el subsidio al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles (MEPCO), el cual permitía amortiguar las subidas bruscas de los precios de los combustibles. Esto provocó un rápido crecimiento de la inflación (se proyecta un 4% de inflación a final de año) y un desplome en las encuestas.
Pero lejos de retroceder en la aplicación de medidas neoliberales, a tan solo un mes de asumir, el presidente Kast presentó un proyecto de ley denominado “Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”. El corazón de esta reforma fue aumentar la apropiación de recursos por parte del gran empresariado a costa de una menor recaudación del Estado mediante impuestos. En una tramitación exprés en el Congreso Nacional el gobierno de Kast logró la reducción del impuesto corporativo de un 27% a un 23%, sin medidas compensatorias, lo cual significará una reducción en la recaudación fiscal de 4.000 millones de dólares al año. Asimismo, se garantizará hasta 20 años de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. A esto hay que agregar las medidas que permiten volver a una integración total del sistema tributario; rebajas al impuesto a las donaciones, lo cual permite la planificación hereditaria de las grandes fortunas del país; y repatriación de capitales desde el extranjero.
Sumado a lo anterior, se eliminó el pago del impuesto territorial a los adultos mayores de sesenta y cinco años a la primera vivienda, lo cual impacta directamente al Fondo Común Municipal y que permite el financiamiento de las comunas más pobres del país. Esta disminución calculada en 200 millones de dólares será compensada con cargo a las rentas generales del Estado, en consecuencia con los impuestos de quienes habitan Chile se compensarán recursos que eran pagados por los adultos mayores más ricos del país. En definitiva, la reforma tributaria de Kast trae la misma receta de la dictadura: rebajar impuestos a los ricos, impactando la recaudación del Estado. Estas medidas han sido tan neoliberales que incluso el Tribunal Constitucional decretó la inconstitucionalidad de algunas de estas medidas por ser contrarias a la Constitución de Pinochet.
Esta reforma tributaria ha sido acompañada de otras medidas económicas propias del neoliberalismo, como lo es la reducción del presupuesto de todos los ministerios en un 3%. Esto está provocando despidos de funcionarios públicos, problemas en la adquisición de insumos como en el Ministerio de Salud y cierre anticipado de programas. La única medida a contrapelo del ajuste ha sido la aprobación de una autorización que permite aumentar el endeudamiento del Estado en 6.200 millones de dólares para compensar el déficit de recaudación pública.
Lo anterior ha sido complementado con anuncios en materia laboral, los cuales representan una ofensiva en contra de la clase trabajadora. Las prioridades han estado puestas en desfigurar la legislación de cuarenta horas; reducir las indemnizaciones por años de servicio en caso de despidos y una reforma integral al empleo público. Todas estas medidas anti-trabajadores tienen como excusa el aumento del empleo formal, aunque por sí solas no crean ningún empleo.
En definitiva, estamos frente a una agenda neoliberal ortodoxa cuyo objetivo principal es garantizar un aumento de la tasa de ganancia de los empresarios, a costa de la reducción de impuestos y de los costos por mano de obra.
La tendencia autoritaria consagrada en un estado de excepción constitucional
La pulsión autoritaria de José Kast estuvo presente durante la campaña, pero solo en el discurso de sanción a los delincuentes y a la migración irregular. Sin embargo, durante el mes de agosto dio el paso más importante en esta dimensión, a pesar de que no estaba en su programa de campaña.
Presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de reforma constitucional que crea el estado de excepción constitucional de seguridad pública. A diferencia de otros estados de excepción constitucional que requieren la aprobación casi inmediata del Congreso, éste permite que sea declarado sólo por voluntad del presidente de la República por hasta un plazo de ocho meses. Para dimensionar, los estados de excepción por guerra externa o guerra civil requieren la aprobación del Congreso en un plazo de cinco días.
En definitiva, estamos frente a una agenda neoliberal ortodoxa cuyo objetivo principal es garantizar un aumento de la tasa de ganancia de los empresarios, a costa de la reducción de impuestos y de los costos por mano de obra.
Asimismo, permite la intervención de todas las comunicaciones y la detención de personas sin orden judicial, se puede coartar la libertad de movimiento, de reunión y de asociación y otras facultades que hasta el momento solo están reservadas para el estado de asamblea en caso de guerra externa. Esta reforma ha sido calificada por destacados constitucionalistas como irresponsable (Zúñiga, 2026), populista autoritaria (Couso, 2026) y un primer paso hacia una “democracia iliberal” (Peña, 2026).
Esta reforma constitucional también permite que el presidente de la República, con aprobación del Senado, califique a una organización de criminal o terrorista, facultad que hasta ahora estaba reservada para los tribunales de justicia. Y también permite que personas que sean condenadas por delitos asociados al crimen organizado y al terrorismo se vean privadas de derechos a la educación, salud y pensiones durante 15 años posteriores a su condena, lo cual fue criticado hasta por la propia ministra de Salud May Chomali.
Estas medidas también están siendo acompañadas por una campaña de indulto a criminales de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la Revuelta Popular del 2019, impulsadas por diputados del partido del presidente de la República. Hasta el momento no se ha anunciado ningún indulto por el Ministro de Justicia, pero es una temática que podría avanzar en los próximos meses.
En esta misma línea autoritaria el gobierno presentó un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional denominado “Escuelas protegidas”, el cual permitía que trabajadores de la educación actuaran como guardias de seguridad, pudiendo acceder a la revisión de mochilas de estudiantes y permitiendo el llamado a las policías en caso de que estos manifestaran su negativa a la revisión de las mismas. Esta facultad fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por lo cual es posible que se presente una reforma constitucional desde el gobierno en los próximos meses.
Finalmente, en política migratoria hay dos proyectos en el Congreso. El primero de ellos permitirá considerar como delito el ingreso de personas migrantes por pasos no habilitados. Hasta el momento, esta práctica solo es considerada como una falta administrativa. El segundo de ellos permite la “retención” por hasta 180 días en caso de personas migrantes con orden de expulsión, plazo que hoy solo es de cinco días. Esto permitirá avanzar hacia la detención masiva de migrantes.
Un conservadurismo religioso e hipócrita
El Gobierno también prometió en campaña que la “agenda valórica” no era parte de su programa, aun cuando Kast no se había movido ni un ápice en sus posiciones personales sobre esta materia. Desde el nombramiento de la ministra de la Mujer, militante del Partido Cristiano de Chile y quien se desempeñaba como exorcista, se puede apreciar el perfil de liderazgos que busca el Presidente. El conservadurismo religioso es uno de los pilares de lo que denominan “batalla cultural”.
Aún no se ha aprobado ningún proyecto en esta materia, pero los parlamentarios de la derecha están promoviendo estos debates. Uno de los proyectos más polémicos, 'Escucha su corazón', fue presentado por Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario): obliga a las mujeres que que pretendan acceder al aborto en tres causales a escuchar los latidos del feto, una forma de tortura.
Asimismo, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) presentó un proyecto de ley para penalizar la entrega de misoprostol, utilizado para abortar. Esto significaría una ampliación de la penalización del aborto, pues ya no se reduciría a la mujer que aborta y/o al médico que asiste, sino que también criminalizaría a trabajadoras de farmacia o de establecimientos médicos que puedan poner en circulación dicho medicamento.
Las resistencias frente a la restauración pinochetista
A pesar del contundente triunfo de Kast con más de un 58 % de los votos en la segunda vuelta presidencial, ha perdido rápidamente el apoyo popular. En las encuestas marca entre un 30 % y un 40 % de apoyo y tasas de rechazo superiores al 50 %. Este rechazo también se ha expresado en su reforma tributaria, debido a que existe una mayoría social que considera que solo beneficia a los grandes empresarios y también respecto a su reforma constitucional en materia de seguridad, existiendo una mayoría que rechaza el estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Esto ha sido posible mediante la construcción de narrativas que han advertido de las consecuencias que traen este tipo de políticas neoliberales y autoritarias. Estos discursos tienen amplia difusión en las redes sociales y en los medios de comunicación alternativos, y han logrado imponerse en algunas discusiones a los trolls y bots del gobierno como también a los medios de comunicación hegemónicos que han sido bastante indulgentes con Kast.
A pesar del contundente triunfo de Kast con más de un 58 % de los votos en la segunda vuelta presidencial, ha perdido rápidamente el apoyo popular.
Las movilizaciones en las calles también han existido, aunque aún no logran una gran masividad. En esta materia las organizaciones estudiantiles de secundarios y universitarios han liderado las convocatorias, seguidas por las organizaciones ambientales y feministas, las cuales están preparando el terreno para mayores movilizaciones en caso de que sigan profundizándose las políticas de recortes sociales y anti-derechos impulsadas por el gobierno de Kast.
El proyecto de restauración pinochetista, al igual que otros gobiernos de ultraderecha de Nuestra América es incapaz de ofrecer una alternativa de gobernabilidad. Es tarea de los pueblos construir proyectos colectivos que permitan avanzar hacia sociedades que superen el neoliberalismo autoritario y conservador de la ultraderecha en los países de nuestra región.
