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Han pasado tres meses desde que Péter Magyar formó su gobierno en Hungría tras una victoria aplastante el 13 de abril de 2026. Derrotó al partido de extrema derecha Fidesz, de Viktor Orbán, que había gobernado Hungría de forma ininterrumpida durante 16 años, contando con una mayoría parlamentaria de dos tercios durante la mayor parte de ese periodo.
Desde que asumió el cargo a principios de mayo, Magyar y su partido, Tisza, han actuado con rapidez. Esto no es de extrañar: se encuentran bajo presión no solo porque deben desmantelar el marco institucional construido por Fidesz a lo largo de cuatro períodos consecutivos de gobierno, sino también —y quizás lo más importante— porque necesitan garantizar los fondos de la UE que se han retenido a Hungría debido a las preocupaciones por la corrupción y las violaciones del Estado de derecho. Que los fondos de la UE “vuelvan a casa” es esencial para el gobierno de Magyar, ya que la retención de estos recursos fue un factor clave en la victoria de Tisza sobre Fidesz. Para entender por qué, es necesario examinar cómo Orbán logró mantenerse en el poder durante una década y media.
La alianza de clases de Orbán
La coalición electoral que permitió a Orbán conseguir una mayoría constitucional en 2010 estaba compuesta por capitalistas nacionales y pequeños empresarios, así como por votantes de clase trabajadora que se habían sentido frustrados con las políticas económicas del anterior gobierno de coalición social-liberal. Estas políticas se basaban en una normativa favorable destinada a atraer inversión extranjera directa (IED) a Hungría, un país relativamente pobre en capital y tecnología. En este contexto, los empresarios húngaros se vieron en una posición más débil en el mercado nacional, mientras que los votantes de clase trabajadora se sentían cada vez más marginados debido al desmantelamiento del Estado del bienestar post-socialista, relativamente generoso. La flexibilización del mercado laboral y la privatización de los servicios públicos, incluidas las empresas energéticas estatales, contribuyeron al aumento del costo de vida, mientras que la protección social seguía siendo débil. Fue en este ambiente tenso donde se produjo la crisis financiera y económica de 2008-2009.
Para resolver esta tensión, el gobierno de Fidesz segmentó la economía. En los sectores orientados a la exportación, mantuvo condiciones favorables para las empresas extranjeras (inicialmente las empresas alemanas fabricantes de automóviles y, más tarde, los productores de baterías del este de Asia), mientras que en los sectores que producían principalmente para el mercado nacional (como el comercio minorista, la banca, las telecomunicaciones y la energía), apoyó a los capitalistas húngaros. Para beneficiar tanto a los empresarios nacionales como a las empresas extranjeras, el Gobierno introdujo una legislación laboral más favorable al capital, apodada “ley de esclavitud” por el movimiento de masas que protestaba contra su aplicación. Al mismo tiempo, gracias a la creación de empleo y al aumento del nivel de vida, la clase trabajadora también se mostró cada vez más favorable hacia Fidesz.
Durante mucho tiempo, las principales potencias de la UE toleraron el retroceso democrático y las prácticas clientelistas de Fidesz debido a las políticas favorables del gobierno hacia sus empresas.
El apoyo de los pequeños empresarios se afianzó aún más gracias a los proyectos de infraestructura, financiados en gran medida con recursos de la UE. Estos proyectos, a menudo inversiones de prestigio (como estadios), no solo beneficiaron a las empresas leales al gobierno, sino que también brindaron oportunidades a los empresarios locales como subcontratistas.
A través de este mecanismo, el segmento empresarial de la clase media se convirtió en un electorado del gobierno de Fidesz que buscaba rentas, cuya posición económica se vio indirectamente favorecida por las transferencias de la UE.
Durante mucho tiempo, las principales potencias de la UE toleraron el retroceso democrático y las prácticas clientelistas de Fidesz debido a las políticas favorables del Gobierno hacia sus empresas. Sin embargo, tras la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética resultante, reevaluaron la distribución de los recursos y exigieron una mayor disciplina a Orbán.
Cuando el auge económico llegó a su fin a principios de la década de 2020 y se retuvieron los recursos de la UE, tanto la clase trabajadora como la clase media emprendedora se sintieron cada vez más desilusionadas con Fidesz. Magyar supo canalizar esta frustración prometiendo la modernización de los servicios públicos descuidados (como la sanidad, la educación y la red ferroviaria) mediante el restablecimiento del acceso a los fondos de la UE, al tiempo que desmantelaba las prácticas económicas parasitarias de las empresas vinculadas a la red política de Fidesz.
Este programa tenía el potencial de unir a la clase media urbana progresista, que se había opuesto sistemáticamente a Orbán, con la clase media empresarial, más rural y conservadora. Estos grupos se volvieron cada vez más activos políticamente durante el último año y lograron demostrar tanto su fuerza como la posibilidad realista de un cambio político, convenciendo así a segmentos más amplios de la sociedad.
El gabinete de Magyar
La composición del Gobierno de Magyar refleja esta coalición de facciones de la clase media. La ministra de Educación, Judit Lannert, es una reconocida investigadora en el ámbito de la educación, mientras que el Jefe de Gabinete, Bálint Ruff, trabajó durante más de una década como asesor de políticos progresistas y de izquierda, entre ellos László Botka, alcalde de Szeged. Ruff se dio a conocer posteriormente a nivel nacional como analista político en el canal progresista de YouTube Partizán, uno de los medios de comunicación independientes con mayor número de seguidores de Hungría. Varios secretarios y subsecretarios de Estado también fueron reclutados del sector de las ONG dedicadas a los derechos humanos y a la beneficencia. Estos nombramientos pueden interpretarse como un intento de atraer a los votantes liberales de la clase media urbana.
Al mismo tiempo, otros miembros del gabinete atraen a la clase media gerencial —esta vez con un perfil más orientado a lo internacional que bajo el gobierno de Fidesz— y representan la incorporación de las élites profesionales al gobierno húngaro. István Kapitány, exvicepresidente ejecutivo global de Shell, y Gábor Pósfai, antiguo director general de Decathlon Hungría, encarnan la trayectoria empresarial-gerencial de este grupo. Del mismo modo, Anita Orbán, ministra de Asuntos Exteriores y antigua diplomática y alta directiva en los sectores de la energía y las telecomunicaciones —incluidos puestos de dirección en Vodafone—, representa a la élite profesional con experiencia internacional que el gobierno pretende integrar.
Debido a la auténtica expertise de muchos miembros del Gobierno, bastante gente espera que las decisiones políticas se tomen ahora sobre una base más profesional. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo serán las relaciones de poder internas en el gabinete.
La agenda de modernización del Gobierno, cuyo objetivo es unir a diferentes segmentos de la clase media y a otros partidarios de Tisza, también está representada por figuras como László Gajdos, exdirector del zoológico de Nyíregyháza, que se convirtió en el primer ministro de Medio Ambiente, una cartera que anteriormente no existía como ministerio independiente. István Hegedűs, el nuevo ministro de Salud, aporta su experiencia en puestos de dirección en hospitales del Reino Unido —un país que ocupa una posición casi mítica como símbolo de desarrollo y modernidad en el imaginario público húngaro—. Por último, Dávid Vitézy, ministro de Desarrollo y Transporte, representa un tipo de expertise tecnocrática que trasciende las divisiones partidistas. Aunque anteriormente trabajó para el gobierno de Fidesz, es ampliamente reconocido por sus conocimientos profesionales y se ha ganado un importante apoyo público por méritos propios.
Debido a la genuina expertise de muchos miembros del gobierno, bastante gente espera que las decisiones políticas se tomen ahora sobre una base más profesional. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo serán las relaciones de poder internas en el gabinete, qué proyectos recibirán financiación y cuáles se llevarán a cabo finalmente. Lo que cabe esperar es que el gobierno sea más receptivo a la presión social que su predecesor. No obstante, sería ingenuo suponer que Tisza transformará de manera fundamental la forma de gobernar mediante la introducción de formas genuinas de consulta social, tal y como ha prometido hacer.
Reestructuración de las instituciones
Lo que es seguro es que la arquitectura institucional que ha dejado Fidesz no constituirá un obstáculo importante, ya que el gobierno de Tisza ha comenzado a desmantelarla a una velocidad notable. El presidente de la República y otros cargos estatales han sido destituidos mediante enmiendas constitucionales. El Tribunal Constitucional ha sido reformado mediante la introducción de nuevas restricciones de edad para los jueces. Sin embargo, la calidad de estas medidas —en particular la codificación de los textos legales— y su estilo político evocan recuerdos de cómo Fidesz comenzó a reestructurar las instituciones estatales a partir de 2010.
En un intento por evitar la concentración de poder asociada al mandato de Orbán, el gobierno de Tisza introdujo límites a la cantidad de veces que un primer ministro y un diputado pueden ser elegidos (dos y tres mandatos, respectivamente), pero estas medidas estaban claramente destinadas a impedir la reelección de Orbán y a limitar la capacidad de otros políticos consolidados para permanecer en el cargo durante largos períodos.
En cuanto al modelo económico, no cabe esperar una transformación fundamental bajo el mandato de Tisza, sino más bien un proceso de ajuste.
En cuanto al modelo económico, no cabe esperar una transformación fundamental bajo el mandato de Tisza, sino más bien un proceso de ajuste. Dado que el partido carece de una organización política consolidada o de vínculos duraderos con grupos empresariales específicos, hay motivos para esperar un alejamiento de las prácticas clientelistas y una mayor confianza en los mecanismos de mercado. Sin embargo, debido a la posición de Hungría en la economía mundial, el gobierno seguirá dependiendo de la captación de inversión extranjera directa (IED).
En este sentido, se puede esperar un enfoque más orientado a Europa en comparación con el de Fidesz, que hacía especial hincapié en la diversificación de las fuentes de inversión extranjera que llegaban a Hungría. Un ejemplo revelador es la reunión entre el gobernador de la región alemana de Baviera, Markus Söder, y Péter Magyar, en la que ambos reafirmaron la cooperación entre Baviera y Hungría en el sector de la industria automotriz. También anunciaron que presionarían para lograr una normativa de la UE más favorable en materia de motores de combustión interna.
Por lo tanto, es probable que el cambio más significativo se encuentre en la orientación del desarrollo más que en las bases del propio modelo económico. Ya se aprecia que, en lugar de proyectos de prestigio, el gobierno tiene la intención de centrarse en el desarrollo de la infraestructura del país, con especial énfasis en el transporte público.
En cuanto a la relación del gobierno con el Estado de derecho, podemos extraer conclusiones a partir de los cambios constitucionales mencionados anteriormente. No obstante, es razonable esperar que mejore el trato hacia las minorías y que estas no se conviertan en blanco directo de las campañas políticas, como ocurría bajo el gobierno de Fidesz. Una excepción importante es la política migratoria. En este ámbito, Magyar y su gobierno se inscriben en la tendencia general de la corriente dominante europea, que se inclina de manera creciente hacia posiciones más restrictivas asociadas a la extrema derecha.
Magyar mantiene el rumbo de Fidesz en materia de migración
En su primera conferencia de prensa internacional, Magyar anunció que Hungría no participaría en el sistema de la UE de relocalización de refugiados, sino que contribuiría a abordar los desafíos de la migración mediante el refuerzo de la seguridad fronteriza. Si bien el gobierno ha evitado la deshumanización explícita de los migrantes que caracterizaba la retórica de Fidesz, al mismo tiempo ha endurecido la normativa sobre los “trabajadores invitados” y ha restringido la contratación de ciudadanos de terceros países.
Bajo el gobierno de Magyar no se ha terminado con la campaña política permanente. Sin embargo, al no haber un ataque directo y continuo contra grupos sociales concretos, este es el primer verano en mucho tiempo en el que la gente no tiene que lidiar con la política todos los días.
Bajo el gobierno de Magyar no se ha terminado con la campaña política permanente. Sin embargo, al no haber un ataque directo y continuo contra grupos sociales concretos, este es el primer verano en mucho tiempo en el que la gente no tiene que lidiar con la política todos los días —al menos, no porque se vea directamente afectada por las campañas políticas—. En este sentido, Hungría parece haber pasado del capitalismo autoritario a una forma más “normal” de capitalismo, en la que el impacto de la política en la vida de las personas se ve mediado principalmente por mecanismos sistémicos, como las olas de calor extremo y la escasez de agua.
Esta situación, sin embargo, solo podrá mantenerse hasta que surja la próxima crisis. Los ataques contra determinados grupos sociales y las campañas deshumanizadoras del gobierno anterior funcionaron como una forma de gestión de crisis. El actual período de buena voluntad es temporal y, con el tiempo, llegará a su fin, ya que aún hay pocos indicios de un cambio fundamental en la exposición de Hungría a los procesos económicos globales.
Traducción: Guillermo Iturbide




